• ÁLVARO PEREALETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

22 FEB. 2021 – 11:23

En cualquier organización empresarial, la formación del capital humano es un asunto trascendental, de primer orden, un elemento de inversión en conocimiento sin el cual resulta imposible elaborar proyectos o diseñar un futuro a medio o largo plazo.

En las grandes empresas, la partida presupuestaria destinada a garantizar la adaptación de los empleados a las nuevas técnicas o al estudio de las vanguardias científicas suele ser notable e, igualmente, la proyección académica de los directivos se pone en valor como seña de identidad y modernidad, un mérito añadido que hace marca y se erige en un valioso intangible. La formación es inversión y sin inversión no hay dividendos.

La lectura anterior, aceptada de forma unánime en el sector privado, no encuentra reflejo, sin embargo, en un sector público como el español, en el que la inversión y las políticas de evaluación y calidad proyectadas sobre la función pública son casi inexistentes. Así, pese a que de forma ordinaria se reconoce el derecho de funcionarios y autoridades públicas a una formación inicial y continua que garantice el mantenimiento y la mejora de sus conocimientos técnicos (artículo 14.g del Estatuto Básico del Empleado Público), en la práctica el ejercicio de este derecho se traduce en la participación esporádica en cursos, normalmente de contenido reiterativo -y muchas veces desfasado- sobre los que no se realiza una auténtica fiscalización, ni en lo que atañe a la excelencia del profesorado, ni en lo relativo al aprovechamiento por parte del alumno.

En síntesis, la función pública -con las cautelas que exige evitar la generalidad- recibe una formación inadecuada que, para mayor preocupación, se encuentra en las antípodas de la proporcionada a las élites directivas de las empresas nacionales y extranjeras con mayor predominio en los mercados.

¿La consecuencia? Que mientras lo privado se adapta con flexibilidad e ingenio a las circunstancias del contexto presente -e incluso innova con inteligencia en el mismo-, las Administraciones Públicas se retratan obsoletas, incapaces de comprender con toda su plenitud los retos del tiempo actual y, como un gigante de barro, caminan con pesadez y lentitud, convirtiéndose en pasado sin haber sido siquiera presente.

La comparación de la inversión en talento en los sectores público y privado es tan dolorosa que debería invitar al ciudadano a reflexionar sobre cómo es posible que la Administración Pública siga siendo un marco laboral atractivo para algunos de los mejores estudiantes que concluyen sus estudios universitarios. Faltan estímulos.

El sector público de nuestro país tiene, en parámetros generales, buenos profesionales. Los sistemas selectivos, aunque mejorables, respetan los principios de mérito y capacidad y ofrecen a la Administración talento, rigor y, sobre todo, disciplina. Sin embargo, ese esfuerzo preliminar que lleva a cabo el funcionario o autoridad con carácter previo a la adquisición de dicha condición no encuentra más tarde el respaldo o complemento que sería pertinente por los órganos públicos responsables.

La formación es muy deficiente y no encuentra equilibrio con la proporcionada por los entes homólogos de países de nuestro entorno -el mejor ejemplo probablemente sea Francia- y qué decir de la suministrada por las grandes corporaciones (tecnológicas, financieras, etcétera), algunas de las cuales tienen suscritos convenios con los mejores centros públicos y privados de todo el mundo.

Sin una función pública altamente formada resulta inverosímil garantizar que los servicios esenciales (prestaciones sociales, justicia, educación…) obtengan cobertura de manera satisfactoria. No es válida la comprensión del personal público como un elemento inmóvil, legitimado formalmente por la superación exclusiva de un proceso selectivo e inmune a controles posteriores de calidad.

La función pública, como cuerpo responsable de la salvaguarda del interés general, debe erigirse sobre los pilares de la excelencia y la atracción del mejor talento. Sólo sobre la base de la inversión, el control y la auditoría sobre los planes formativos que afectan a nuestros funcionarios y autoridades podremos lograr un sector público sólido y estable en su estructura y flexible en su comportamiento relacional. Si no lo hacemos, como ocurre ahora, no sólo perderemos competitividad macroeconómica como estado…perderemos eficacia en el servicio que reclama el ciudadano.

Formación es inversión; también en el marco público, y el mejor dividendo es servir al interés general con los más sobresalientes (y preparados) profesionales.